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¿Qué entendemos por gobierno abierto?

Desde hace unos años, la OCDE ha reconocido que un “gobierno abierto” es un “ingrediente esencial de la gobernanza democrática, la estabilidad social y el desarrollo económico”. Pero ¿qué es la gobernanza democrática? Es una evolución del sistema político en la que los valores y las prácticas que determinan la convivencia entre sociedad y gobierno comienzan a desarrollarse a partir de una constante negociación entre ambas partes.

¿Qué caracteriza entonces a un "gobierno abierto"?

Un gobierno abierto es aquél en la que la ciudadanía (organizaciones, individuos, empresas) pueden “saber cosas”: obtener información relevante y comprensible. Asimismo, es un gobierno en el que los ciudadanos pueden “obtener cosas”: servicios y respuestas del gobierno, así como un espacio en la toma de decisiones públicas.

El Open Government, como actualmente se promueve, consiste de los esfuerzos de los gobiernos para promover y fortalecer los canales de comunicación entre instituciones y ciudadanos con la intención de escuchar y recabar las solicitudes que demanda la ciudadanía.

En relación a las demandas ciudadanas, el Open Government tiene la tarea de atender, colaborar y tomar decisiones a partir de lo que se ha detectado que la ciudadanía necesita.

En relación con las instituciones de gobierno y la prestación de servicios públicos, en el Open Government, la ciudadanía cumple un papel determinante dado que las anteriores maneras de proceder en el gobierno, suelen no estar diseñadas para servir a la ciudadanía.

Los gobiernos nacionales, encabezados por México, han suscrito recientemente un compromiso global en este sentido: Open Government Partnership. Este acuerdo articula los esfuerzos internacionales al respecto, comprometiendo a los gobiernos a formular y aplicar un plan de acción de la materia, de manera inmediata.

La participación ciudadana debe ser una contraparte activa de este esfuerzo oficial, siendo consciente de la necesidad de impulsar cambios en la estructura de la administración pública, para lograr la generalización de buenas prácticas, la transparencia de los procedimientos, así como la difusión constante y útil de información. Esto contribuirá, definitivamente, a la mitigación de prácticas nocivas como la corrupción, que impactan negativamente en el desarrollo de nuestros países.