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¿Cuál es el papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción?


Al hablar de los detalles de lo que va a ser el Sistema Nacional Anticorrupción, desde la ciudadanía es notable una inquietud de parte de todos por tratar de participar, por tratar de intervenir en el combate a la corrupción.
 
Sin embargo, resulta necesario preguntarnos ¿qué hacer con esa inquietud, hacia dónde orientar los esfuerzos en el combate a la corrupción? Primero, es útil reconocer que la participación ciudadana no es un asunto que nace de esa inconformidad sino que, como un derecho humano, permite que los ciudadanos decidan intervenir en los asuntos públicos. Esto está consignado en nuestra Constitución y en convenciones internacionales que rigen la materia como la de Naciones Unidas o la Interamericana Contra la Corrupción
 
Al hacer referencia a las convenciones que, más allá de un planteamiento teórico, nacen del análisis del fenómeno de corrupción en su realidad, es posible identificar que lo que realmente hace posible el combate la corrupción es la confluencia de diferentes actores del Estado. Es decir, al hablar de gobiernos, necesariamente se requiere el acompañamiento de la sociedad civil y del sector privado.
 
En ese sentido, estas convenciones impulsan los derechos específicos a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, con lo que el asunto va más allá de ser un derecho y se vuelve un deber cívico, una necesidad que requiere que la ciudadanía se incorpore en la participación en el combate a la corrupción.
 
En México, el trabajo desempeñado por las organizaciones de la sociedad civil, da cuenta de una estructura que, por muchos años, se ha valido y ha multiplicado estrategias para incidir en esferas que nunca imaginadas. Por ejemplo, hace algunos años, era imposible que representantes de organizaciones debatieran al tú por tú en el Senado, consiguiendo con su participación impedir que ese esquema de parlamento abierto termine homogeneizándose con el tiempo y el abuso de determinadas prácticas.
 
Aunado a estos esfuerzos notables, es necesario reconocer a un gran sector de la población que, no necesariamente va a dedicarse de tiempo completo a la participación política, pero que también se muestra interesado en decir, en opinar, en hacer valido su derecho a participar en el combate a la corrupción.
 
En suma, nuestro México contemporáneo se enriquece con dos esferas que, podríamos considerar, conforman esa sociedad civil en lo extenso. Lo que no quiere decir que existir una fórmula homogénea o un solo mecanismo que nos permita solucionar la larga lista de pendientes, a partir de la apertura a la participación ciudadana. Por ejemplo, en el combate a la corrupción, la participación de un grupo de expertos, representantes de la ciudadanía, es fundamental. Concretamente, el Sistema Nacional Anticorrupción no puede ser pensado sin un Comité de Participación Ciudadana que resguarde y permita  incidir a partir de las leyes. Eso es fundamental.
 
Al pensar en las necesidades de una población que enfrenta día a día el problema de la corrupción, no es posible dejar escapar definiciones fundamentales,  elementos básicos de lo que entendemos como corrupción. A lo largo del país, al hablar de combate a la corrupción, a veces parece relacionarse con todas aquellas conductas en la esfera pública que no beneficia directamente a la sociedad. No obstante, en un país como México, donde las prácticas corruptas se realizan en todos los niveles y estratos, las estrategias de rendición de cuentas y de transparencia requieren ser fortalecidas. Diseñadas como herramientas que permiten que la exigencia de la sociedad se materialice, las prácticas de rendición de cuentas y los ejercicios de transparencia, son fundamentales.
 
Si bien, la participación ciudadana de gran escala, de gran incidencia, que se toma muy en serio su labor de decisión e incidencia, que aboga por cambiar los grandes esquemas que debilitan a la sociedad, también requiere de la habilitación ciudadanía en otro plano, con otras herramientas, que permitan comprender el fenómeno y las posibilidades de participar para su erradicación. Es decir, considerar aquel otro frente, desde el cual, el ciudadano puede incidir en el día a día, desde el que aprenda cómo acompañar de manera oportuna al gobierno en la toma de decisiones, puede volverse real y útil en todos los sentidos.
 
En un país de grandes diferencias sociales, económicas o culturales, no todos los ciudadanos tenemos el mismo acceso y las mismas oportunidades. En esa medida, el reto que representa combatir la corrupción mediante ejercicios de participación ciudadana, hará más difícil pensar que se tiene todo el terreno andado.
 
¿Cómo hacer entonces para mover, para impulsar todo esto? Es fundamental, ir habilitando la participación en los diferentes niveles. Construir una espacios y marcos abiertos para que los ejercicios de participación ciudadana no tengan un límite, para que cuando uno vaya con un servidor público con una propuesta, este no sea un obstáculo legal que impide sugerencias oportunas en el quehacer de las instituciones.
 
Es importante dar pautas y tener mecanismos que nos permitan conocer perfectamente cuáles son los derechos que tiene cada  ciudadano, así como cuáles son mis facultades en un espacio público y qué resultado se puede obtener de cada participación.
 
Sería muy importante recorrer los diferentes mecanismos de participación ciudadana que existen en temas tan sensibles como contrataciones públicas. En ese sentido, la figura del testigo social en el proceso de contratación resulta ser una persona que tiene como facultades poder participar en el proceso, brindando orientación, sugerencias y comentarios a la autoridad, con objeto de enriquecer su desempeño. Favoreciendo de manera directa la libre competencia y la transparencia de los procesos licitatorios.
 
Ese tipo de mecanismos habrá que volverlos a desempolvar e irlos arreglando, estudiando para ver cómo nos llevamos este nuevo arreglo institucional.